Por Luis Darío Nagore – Saladillo

En los primeros días de septiembre, escribía una opinión sobre las necesidades de vivienda en nuestra localidad, la que fue generosamente difundida por los medios digitales de nuestra ciudad.

Hacia fines de septiembre, tomó interés mediático el desalojo de una anciana de 87 años, del departamento que habitaba, alquilándolo desde hacía 70 años, en España.

No era un departamento pequeño, y estaba ubicado en el barrio acomodado de Retiro, en Madrid. La anciana que tenía movilidad reducida y una discapacidad del 50%, pagaba alrededor de 500 euros, valor bajo para los valores del mercado inmobiliario en esa zona de la ciudad.

Sucedió que el edificio fue adquirido por un grupo inversor privado, que cotizó el nuevo precio del alquiler en alrededor de 2650 euros, y terminó rebajando el precio a 1650 euros, valor que no podía afrontar la anciana; de forma tal que fueron a un juicio y en tal situación el juez dictaminó a favor del grupo inversor.

Al tomar estado mediático, hubo manifestaciones en Madrid, minutos de silencio y homenajes simultáneos en otras ciudades de España. Maricarmen fue a parar a un hospital, falleciendo a los pocos días debido a un cuadro de agotamiento severo, estrés y deterioro físico. Las manifestaciones transparentaban la grave crisis habitacional que existe en España, y en toda Europa, en donde los grupos inversores adquieren y construyen edificios de departamentos fijando los precios en el mercado.

Obviamente, como pasa en cualquier negocio, el inversor privado quiere recuperar prontamente lo invertido; no son el Estado que puede manejar otros tiempos.

Las manifestaciones a lo largo de los días, tomaron un cariz político a favor del gobierno socialista de Pedro Sánchez, quien, para los que no están enterados, es investigado junto con su esposa por hechos delictivos.

Lo cierto es que ni los gobiernos socialistas ni los gobiernos de derecha que gobernaron España en los últimos 30 años, han podido solucionar el tema de la vivienda en ese país, agravando la situación, la disminución de la clase media, hecho que se produce en toda Europa y, por supuesto, en otras partes del mundo como en nuestro país.

En la actualidad, ha estallado el mismo problema en Portugal, en donde ha habido marchas de miles de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda. También, hubo movilizaciones que fueron fuertemente reprimidas por la policía. Al día de hoy, una jueza autorizó un acampe en cercanía del Congreso hasta tanto se discuta el presupuesto 2027.

En Francia, en los últimos días se produjeron hechos similares, que responden a una crisis generalizada del costo de vida, donde la dificultad para acceder a una vivienda y pagar los alquileres se ha combinado con otros reclamos sociales.

El tema de la vivienda es algo macroeconómico. En nuestra Constitución de 1957, se establecía que los ciudadanos tenían el “derecho” al acceso a una vivienda digna.

Este artículo obligaba al estado a “garantizar” este derecho. Mientras que en la Constitución vigente, surgida tras el “Pacto de Olivos”, que fue un acuerdo entre los ex presidentes Menem y Alfonsín (1994), en esta nueva carta magna, el párrafo cambia sustancialmente, indicando que los habitantes tendrán el “beneficio” de una vivienda digna, y pareciera que se desentiende de garantizar el acceso a ella.

En mi opinión, inexperta por cierto de temas constitucionales y legales, el Estado nacional y los Estados provinciales se desentienden del problema. Esta circunstancia decanta en que quienes tienen la relación con el vecino directamente, los gobiernos locales, deban afrontar el reclamo de las comunidades sin que existan recursos provinciales o nacionales para afrontar el problema.

Indudablemente, y como lo comentara en mi opinión de principios de septiembre no se soluciona con la construcción de 10, 13 o 50 viviendas; es una situación que requiere pragmatismo para su abordaje.

Más tarde o más temprano en nuestra ciudad, terminará vivenciándose el problema, que por ahora no parece estar preocupada, mientras crecen los emprendimientos constructivos en vertical dando un perfil distinto al de las ciudades vecinas.

Es oportuno aceptar que la ciudad no se constituye sólo con personas con acceso económico que permite abordar un alquiler, y hacerse a la idea que la clase media continuará disminuyendo, bajando de clasificación social, incrementándose los problemas de las viviendas, entre otros.

El nuevo Papa León XIV, que no es león que conocemos, ni es nuestro Papa Bergoglio de quien se decía que se alineaba con el peronismo, sostiene que “en la era de la IA y de la robótica, ya no es posible confiar únicamente en la ‘mano invisible’ del mercado”.

En la actual situación de nuestro país, se ha reducido el índice de natalidad, situación que comienza a verse en nuestras localidades, en instituciones educativas donde se ha reducido la matriculación de alumnos. Pensar en la posibilidad de una vivienda… es permitir planificar la familia; permitirse mejorar en aspectos personales y educar adecuadamente a los hijos, garantizándoles un techo digno, entre otras cuestiones. Quizás, hechos como estos, pueda revertir la reducción del índice de natalidad.