A pesar de la negativa del bloque de La Libertad Avanza, el Concejo Deliberante de Saladillo aprobó por mayoría una resolución destinada al Poder Ejecutivo Nacional expresando su rechazo a las modificaciones que quiere realizar a la Ley de Zona Fría N°25565 y a la Ley de Ampliación del Régimen de Zona Fría N°27.637.

Impulsado por el bloque de Fuerza Patria, el proyecto también solicita a los legisladores nacionales que rechacen las modificaciones que el Gobierno de Javier Milei quiere realizar a ambas normativas, debido al “impacto negativo que va generar en la economía de los hogares, comercios e instituciones de Saladillo, profundizando el contexto de crisis, ajuste y recesión permanente que atraviesa nuestra economía”.

La iniciativa, que fue avalada por los bloques de Fuerza Patria y de la Unión Cívica Radical, propuso remitir copia de la resolución al Ministerio de Economía de la Nación, a la Secretaría de Energía de la Nación, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a los bloques legislativos de la Cámara de Diputados de la Nación.

El presidente del bloque de FP, Félix Crognale, manifestó que “la Ley de Ampliación del Régimen de Zona Fría N°27.637 modificó los alcances de la Ley 25565 que sólo contemplaba a las provincias patagónicas y de la puna ampliando la cobertura a distintas provincias de nuestro país incluyendo 90 distritos de la provincia de Buenos Aires, entre los que se incluye a Saladillo”.

La ampliación del régimen de Zona Fría “implica un descuento del 30% en la tarifa para todos los suministros pudiendo ampliarse al 50% en los sectores más vulnerables de nuestra población”.

Crognale señaló que “ante los aumentos sistemáticos y exponenciales de tarifas los descuentos establecidos por la ley han significado un alivio económico fundamental para miles de hogares de Saladillo”.

Por lo tanto, añadió el edil justicialista, “la eliminación de este beneficio no constituiría un simple ajuste tarifario, sino un shock económico directo y significativo para la población de Saladillo”.

Por su parte, el concejal Diego Yanson sostuvo que “la pérdida de esta reducción en las tarifas, combinada con los recientes y futuros aumentos generales en el costo del gas, resultará en un incremento drástico y cuantificable en el costo de vida de los vecinos de la ciudad de Saladillo”.

En efecto, “la medida afectará negativamente a vecinos, instituciones de bien público y al tejido comercial local, exacerbando las presiones económicas en un contexto de clara recesión y caída del consumo”.

Argumentó que “este régimen no es un simple descuento, sino un complejo andamiaje legal con fundamentos geográficos, sociales y un mecanismo de financiamiento solidario que ha sido crucial para la economía de millones de hogares”.

“Esta ley, impulsada por el diputado nacional Máximo Kirchner, representó una expansión sin precedentes del beneficio, ya que no sólo prorrogó la vigencia del régimen hasta el 31 de diciembre de 2031, sino que amplió significativamente las zonas geográficas alcanzadas beneficiando a 4,3 millones de nuevos usuarios en todo el país”, dijo.

“La inclusión de estas nuevas áreas se basó en criterios bioambientales actualizados que reconocían zonas templadas-frías y frías, más allá de los límites históricos.”

“Como el Gobierno nacional a cargo del presidente Javier Milei reconoce en el texto donde fundamenta dicha medida, el régimen ampliado de Zona Fría funcionaba de manera correcta y se autofinanciaba a través del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas al decir que ‘cabe aclarar que en el año 2021, con una alícuota del 5,3% se alcanzaba para pagar todo el subsidio’ y que ‘teniendo en cuenta el sinceramiento tarifario que se logró a través de las Revisiones Tarifarias Quinquenales llevadas a cabo durante 2025 y el precio del gas, se debió aumentar la alícuota, pero aún con el valor actual del 7,5% no alcanzan los fondos para pagar todo el subsidio correspondiente al Régimen de Zona Fría y se necesitan fondos adicionales del Tesoro Nacional’”.

El doctor Crognale fundamentó que “la eliminación del descuento no se traduce en un aumento del 30% o 50% en la factura, sino en un incremento porcentual mayor sobre el monto final a pagar. Esto se debe a que la eliminación de un descuento del 30% sobre el total equivale a un aumento del 42,86% sobre el monto previamente abonado. De manera análoga, la eliminación de un descuento del 50% implica una duplicación de la factura, es decir, un aumento del 100%”, precisó.

“El servicio público domiciliario de gas es un servicio indispensable para la salud y la vida digna, que está expresamente comprendido dentro de la noción de vivienda adecuada desarrollada por el sistema de protección de derechos humanos, ya que el derecho a una vivienda adecuada comprende la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición”. agregó.

“El artículo 72 del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 enviado al Congreso de la Nación Argentina, planteaba la derogación de la Ley 27.637 conocida como Ley de Ampliación de Zona Fría y que dicho artículo fue rechazado por el parlamento nacional”, dijo.

Cabe añadir que “debido al conflicto internacional de Medio Oriente se están produciendo aumentos exorbitantes de las tarifas energéticas por lo que la eliminación de estos descuentos tendrá un impacto aún mayor en la economía de los hogares, comercios e instituciones de Saladillo”.

“A los subsidios que persistan, se le aplicarán quitas sólo sobre el precio del gas y no sobre los gastos de transporte y distribución. Los Concejos Deliberantes, como órganos representativos de las comunidades locales, tienen el deber de expresar su posición frente a decisiones que afectan directamente la vida de sus vecinos y vecinas”, completó.

Postura de La Libertad Avanza

A través de su presidente, Juan Nicora Gutiérrez, el bloque de La Libertad Avanza defendió la postura del Gobierno nacional –la cual ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados–, ya que propone reemplazar el esquema actual de Zona Fría por un sistema de subsidios focalizados en los sectores vulnerables.

Lo que se propone es que el beneficio se concentre en quienes realmente lo necesitan, dejando de otorgarse de manera automática por una cuestión geográfica.

Según el esquema debatido, los hogares de menores ingresos mantendrían la asistencia, mientras que los sectores de mayores ingresos dejarían de recibir subsidios.