“Pretender eliminar las PASO a pocos meses de una elección es alterar las reglas de juego en beneficio de intereses políticos circunstanciales. La democracia no puede quedar subordinada a cálculos electoralistas ni a argumentos fiscalistas. La soberanía popular no tiene precio y los sistemas electorales deben garantizar la participación ciudadana, no satisfacer las conveniencias del poder de turno.”

Por Carlos Antonio Gorosito – Intendente de Saladillo 1991-2015
El intento de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nos coloca frente a un debate que trasciende la discusión sobre un mecanismo electoral.
Lo que está en juego es nuestra concepción de la democracia, el respeto por las instituciones y el lugar que le asignamos al pueblo en las decisiones políticas.
En primer lugar, no resulta institucionalmente aceptable modificar las reglas electorales a pocos meses de una elección general. Es cambiar las reglas de juego a mitad del camino. Los sistemas electorales deben ofrecer previsibilidad, estabilidad y garantías de igualdad para todas las fuerzas políticas, independientemente de quien ejerza circunstancialmente el poder.
Quienes impulsan esta reforma suelen apoyarse en dos argumentos: la supuesta ineficiencia del instrumento y su costo económico. Sin embargo, reducir el ejercicio de un derecho político a una mera ecuación contable constituye un profundo error conceptual. La democracia no es un gasto superfluo ni un lujo presupuestario: es el sistema que garantiza la legitimidad del poder político y constituye un fundamento esencial de la paz social.
La participación del pueblo en la vida pública jamás puede quedar subordinada a una concepción fiscalista del Estado. La democracia tiene costos económicos, pero su valor político, social e institucional es incalculable. La soberanía popular no tiene precio.
Es legítimo reconocer que las PASO presentan imperfecciones y que, en determinadas circunstancias, no han cumplido adecuadamente su función de promover la competencia interna y democratizar la selección de candidatos. Pero cuando una herramienta institucional demuestra limitaciones, la respuesta responsable es perfeccionarla mediante el debate y el consenso, no suprimirla de un plumazo.
Tampoco pueden ignorarse las conductas de ciertos gobernadores que, sin pertenecer formalmente al oficialismo nacional, terminan acompañando iniciativas de esta naturaleza.
En algunos casos, estas decisiones pueden responder a presiones económicas ejercidas desde el poder central; en otros, a meros cálculos electoralistas destinados a preservar intereses políticos personales o territoriales.
Ni los aprietos económicos ni las conveniencias electorales pueden justificar el debilitamiento de las instituciones democráticas.
Los sistemas electorales no deben diseñarse para beneficiar a una parcialidad política, favorecer al oficialismo de turno o responder a acuerdos circunstanciales entre dirigentes. Su finalidad debe ser garantizar que el pueblo pueda expresar libremente su voluntad soberana, ampliar la participación ciudadana y fortalecer la legitimidad de las instituciones.
La Argentina necesita mejorar la calidad de su democracia, fortalecer sus partidos políticos y recuperar la confianza de los ciudadanos en la política. Ese objetivo no se alcanza restringiendo mecanismos de participación, sino perfeccionándolos y garantizando reglas claras, estables y consensuadas.
Porque la democracia no pertenece a los gobiernos ni a los dirigentes políticos: pertenece al pueblo. Y ningún interés económico, partidario o personal puede estar por encima de su derecho soberano a participar y decidir.












