Invitado por la Comisión Directiva que preside Ignacio Bustingorri, el abogado Pablo Abdón Torres Barthe ofreció este lunes una charla en la Sociedad Rural de Saladillo para abordar el tema de las tasas de red vial, guías y seguridad e higiene.

Ante un numeroso auditorio, compuesto principalmente por productores agropecuarios, dirigentes de entidades gremiales ligadas al campo y concejales de los bloques de La Libertad Avanza y Fuerza Patria, el abogado despejó dudas y también asesoró sobre los pasos a seguir.

“Lo que nosotros planteamos es el cobro de la tasa y la debida contraprestación. Pretendemos información y transparencia. No hay otro sentido que ese”, afirmó Bustingorri.

El doctor Torres Barthe indicó que este tipo de acciones, en concreto, persiguen el ejercicio de tres derechos: reunión pacífica (asambleas), petición a las autoridades y acceso a la información pública.

Su experiencia en esta temática se inició en 2023 en Villa Saralegui, Santa Fe, donde productores agropecuarios manifestaron su preocupación y malestar por el destino que el Municipio le daba a lo recaudado por la tasa vial.

De a poco, esos mismos planteos se fueron extendiendo hacia otros distritos de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, tal es el caso de Henderson, Azul, Baradero, General Alvarado y Necochea.

“Lo que se pretende básicamente es bilateralizar la relación, porque la ordenanza municipal fiscal no es más ni menos que un contrato entre la población y el Gobierno”, argumentó.

El abogado señaló que, para actuar con responsabilidad y seriedad, lo que primero se pretende es tener acceso a la información sobre el origen y el destino de los recursos públicos.

“Es decir, saber cuánta plata entra por caminos rurales y cuánta se gasta. Es lo que me piden todos los productores. Nadie hace juicio para pedir plata”, aclaró el letrado.

El procedimiento administrativo consiste en presentar un pedido formal ante el Municipio. Si a los 30 días no responde, se inicia una acción de amparo.

En Henderson y en Baradero, por ejemplo, ya hay sentencia firme donde las comunas deben dar a conocer la información requerida.

Torres Barthe sostuvo que el ineficiente mantenimiento de los caminos rurales “es un problema crónico que atraviesa a todas las provincias” e indicó que “hay muchas desigualdades” en ese aspecto, ya que la red vial no sólo está vinculada a la producción agropecuaria.

“El camino rural es el medio de sociabilidad de quienes viven o trabajan en el campo. De hecho, los alumnos de las escuelas rurales pierden en promedio un mes de clases en el año, debido a la intransitabilidad de los caminos. Eso marca claramente una desigualdad, con relación a los chicos que asisten a escuelas urbanas”, afirmó.

Ante la incomodidad de muchos intendentes por este posicionamiento, el letrado aclaró que las tasas de red vial, guías y seguridad e higiene que pagan los productores son para recibir una contraprestación real y efectiva.

“Para gastos generales, los municipios reciben fondos coparticipables de Nación y de Provincia. Por lo tanto, no está bien que con la recaudación de la tasa vial hagan solidaridad. De ese modo, afectan a la gente que tiene menos preponderancia en el voto”, manifestó.