Como lo había anticipado a través de sus redes, el vecino Darío García presentó este lunes una nota en el Concejo Deliberante, con el propósito de “poner en su conocimiento un hecho de extrema gravedad institucional y desprotección social que afecta de manera directa a los adultos mayores de Saladillo, solicitando formalmente su inmediata intervención en el marco de sus facultades de representación comunitaria”.
El motivo de la presente es “denunciar la existencia de cobros indebidos, bajo el concepto de ‘aranceles diferenciales’ o adicionales en efectivo por fuera de toda legalidad, exigidos por profesionales médicos de cabecera a los afiliados de PAMI de nuestra ciudad para poder acceder a la atención médica”.
“Particularmente, esta situación fue constatada de manera directa en el caso de mi padre, a quien su nueva médica de cabecera le solicitó dinero de manera espuria (‘por debajo de la mesa’), una práctica que no genera constancia ni factura alguna”, manifestó.
“Ante la gravedad del hecho, me presenté en las oficinas de la agencia local de PAMI Saladillo para exponer la situación ante el personal. La respuesta institucional recibida por parte del empleado que me atendió no sólo fue alarmante, sino de un cinismo absoluto: me manifestó que en la oficina ‘están enterados de esa situación, pero ningún afiliado denuncia’. Acto seguido, al manifestar mi decisión de formalizar la denuncia en ese mismo momento, el agente me exigió como requisito la presentación de una factura o comprobante del cobro ilegal; una condición que constituye una burla y una traba burocrática insalvable, dado que ningún prestador extiende un comprobante por un cobro ilegal y en negro”, expresó.
“Entendemos la compleja situación económica nacional y el retraso en los honorarios médicos, pero el eslabón más débil de la cadena no puede ser el jubilado. Que la agencia local de PAMI, cuya titularidad se encuentra a cargo del señor Fernando Nicora, reconozca tener conocimiento de estas irregularidades que desvalijan los bolsillos de los adultos mayores de Saladillo y se cruce de brazos utilizando la burocracia como escudo, configura una omisión de funciones y una pasividad intolerable que roza la complicidad”, dijo.
Por todo lo expuesto, García solicita al Concejo Deliberante que adopte las siguientes medidas institucionales en defensa de los abuelos:
1. Pedido de Informes / Proyecto de Resolución: Se exija formalmente a las autoridades de la Agencia PAMI Saladillo, y en su defecto a la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente, un informe detallado sobre los mecanismos de auditoría, control y sanciones que se están aplicando en la localidad ante la sospecha y conocimiento de cobros de “plus” médicos.
2. Invitación a Comisión: Se convoque formalmente al titular de la agencia local, Sr. Fernando Nicora, a la Comisión de Salud (o la que corresponda) para que brinde explicaciones ante los representantes del pueblo sobre la inacción denunciada por el personal de su oficina.
3. Elevación a Organismos de Control: Se remitan las actuaciones y la preocupación de este cuerpo a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para que tome intervención en la protección de los derechos de la tercera edad en nuestro distrito.
“Nuestros adultos mayores aportaron toda su vida para gozar de una vejez digna y una cobertura de salud integral y gratuita. No podemos permitir que el silencio institucional valide el abuso económico en la intimidad de los consultorios”, finalizó.
