Albertina Mangini –con vínculos familiares en La Plata y la ciudad de Saladillo– e Ignacio Leonel Marchioni, ligado a Sur Finanzas, fueron allanados y detenidos por la Policía Federal, en una causa a cargo de la fiscal Betina Lacki de La Plata.
Según el portal Infobae, gracias a su trabajo en el Patronato de Liberados, ente público bonaerense que acompaña y controla a las personas que salieron de prisión (ex presos), Mangini habría sido la llave que permitió a una organización criminal acceder a los datos biométricos de personas vulnerables.
Al menos, así lo cree la fiscal de La Plata Betina Lacki que la indagó por los delitos de asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de dinero.
Según una investigación del Departamento Delitos Fiscales de la PFA que comenzó en abril, ofrecía 80 mil pesos por la entrega del documento, sacarse unas fotos y permitir el escaneo del iris.
Con esa información, abrían cuentas en bancos y billeteras virtuales por la que movieron unos de 27 mil millones de pesos, principalmente, del juego clandestino.
Fuentes del caso indicaron que la causa comenzó con la declaración de una empleada de limpieza de la entidad que, según su versión, recibió 40 mil pesos por “la lectura del iris”.
“Le habían prometido 40 más, como no se lo pagaron, reclamó y le volvieron a sacar los datos para abrir dos cuentas más. Hizo la denuncia por la apertura de cuentas y destapó la olla”, indicaron.
Los testigos hablaron de “filas” en la oficina ubicada en La Plata para cobrar los 80 mil pesos en mano que ofrecía la banda. “Eran ex presos, familiares de presos, personas muy vulnerables. Buscaban que estuvieran limpios patrimonialmente en Arca, es decir, que no tengan deudas ni compromisos”, agregaron.
De Saladillo a La Plata
Mangini es oriunda de Saladillo, aunque posteriormente se radicó en La Plata. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) entre 2002 y 2008 y obtuvo el título de abogada.
Su ingreso al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires se produjo en junio de 2009. Según la trayectoria que ella misma consigna en su perfil de LinkedIn, comenzó como auxiliar letrada en una fiscalía de Saladillo, donde permaneció hasta septiembre de 2014.
En octubre de ese año pasó a trabajar en La Plata. Según fuentes de la Procuración General, Mangini revestía como secretaria de la Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial La Plata y cumplía tareas en la denominada Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados.
Fuentes de la Gobernación bonaerense consultadas por el portal Quorum rechazaron cualquier vínculo laboral de Mangini con el Ejecutivo provincial. “Es una empleada judicial y no tiene ni tuvo ninguna vinculación burocrática ni laboral con el Ministerio de Justicia”, explicaron.
Según las mismas fuentes, Mangini “trabajaba en una dependencia de la Fiscalía General en la cual tenían acceso a la información de las personas liberadas”.
Desde Gobernación señalaron que esa situación se originó en un convenio implementado durante la gestión de María Eugenia Vidal. “Durante una parte de la etapa de supervisión, algunas personas –aquellas que no pasaron por la cárcel por tener una pena de ejecución condicional– deben presentarse a firmar en esa sede de la Fiscalía”, explicaron.
Y agregaron: “De ahí es que esa empleada judicial tenía información de personas condenadas por el Poder Judicial”.
La formación de Mangini está particularmente vinculada con el área penal. Además de su título de abogada, inició una Especialización en Derecho Penal y Criminología en la UNLP y en 2014 realizó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) el curso de posgrado “Cuestiones actuales de derecho penal”.
