Estuve mucho tiempo pensando qué hacer frente a esta situación. Después de reflexionar, recordé una frase que considero fundamental: Callar frente a una injusticia, también es una forma de tomar partido. Por ese motivo, decidí realizar este descargo y compartir mi versión de los hechos respecto de lo sucedido en la Sociedad Protectora de Desvalidos de Saladillo, conocida por toda la comunidad como el Hogar de Ancianos, situación que algunos medios locales titularon como “disturbios en el Hogar de Ancianos”.

Realizo este descargo, no con la intención de generar nuevos enfrentamientos, sino para que la comunidad pueda conocer otra parte de los hechos y comprender cuáles fueron nuestras motivaciones y qué sucedió realmente desde nuestra llegada a la institución.

Hace algunas semanas, un grupo de personas fuimos convocadas informalmente por agentes pertenecientes al Hogar, con la propuesta de conformar una lista para participar en las elecciones extraordinarias de la institución.

Esta convocatoria surgió en un contexto particular: se había producido la renuncia masiva de integrantes de la Comisión de la Sociedad Protectora de Desvalidos, quedando solamente dos miembros activos, la presidenta y la tesorera. Asimismo, se nos había informado que no había socios activos desde el año 2025.

Frente a esta situación, y de acuerdo con el asesoramiento que recibimos, se nos explicó que no sería posible aplicar el procedimiento habitual previsto en el estatuto y que se habilitaría la presentación de listas de carácter comunal, con participación social mediante una votación.

Fue así como un grupo de personas, movilizadas por el interés genuino de participar, colaborar y contribuir al fortalecimiento de una institución tan importante para nuestra ciudad, decidimos involucrarnos.

No lo hicimos de manera aislada: nos acompañaban vecinos, familiares de personas alojadas en el Hogar, ex trabajadores de la institución y profesionales dispuestos a aportar sus conocimientos y su tiempo de manera voluntaria.

Nos presentamos en el lugar y en el horario establecido, con la expectativa de poder participar de un proceso que entendíamos legítimo y que buscaba sumar voluntades para el bienestar de las personas mayores que allí residen.

Sin embargo, nos encontramos con una fuerte oposición por parte de la presidenta actual y de un grupo de personas que la acompañaba, quienes llegaron al punto de cerrar con candado el ingreso general a la institución para que no pudieran seguir ingresando las decenas de personas que habían decidido participar.

Ante esta situación, solicitamos pacíficamente que se nos explicaran los motivos por los cuales no se nos permitía ser partícipes, teniendo en cuenta la información que habíamos recibido previamente. En ningún momento nuestra intención fue generar conflictos ni provocar enfrentamientos.

Por el contrario, buscábamos obtener respuestas claras y comprender cuáles eran los fundamentos de esa negativa.

No obstante, no se nos exhibió documentación que permitiera acreditar quiénes se encontraban habilitados para participar, desde cuándo revestían la condición de socios activos ni cuáles eran las disposiciones estatutarias concretas que impedían nuestra intervención.

Tampoco se nos ofreció una alternativa para asociarnos a la institución, posibilidad que posteriormente también nos fue negada.

Frente a la forma en que fuimos recibidos y al clima de hostilidad que se generó, decidimos mantener una actitud pacífica, sin responder a las provocaciones y sin recurrir a ningún tipo de violencia.

La presencia policial, convocada por la propia institución, permitió que hubiera efectivos en el lugar que pudieron observar el desarrollo de los acontecimientos y nuestra conducta durante la situación.

Una vez realizada la asamblea, cuya regularidad consideramos cuestionable a partir de las circunstancias descriptas, nos retiramos pacíficamente. Entendemos que, si se pretendía fundamentar el procedimiento en el cumplimiento del estatuto, era necesario que ese mismo criterio se aplicara de manera clara, coherente y transparente a todas las personas involucradas.

Lo que más nos preocupa es que, pese a nuestra voluntad de participar, ni siquiera se nos permitió incorporarnos como socios, ni durante esa jornada ni en los días posteriores.

Esto nos lleva a preguntarnos cómo puede fortalecerse una institución social si se cierran las puertas a quienes se acercan con la intención de colaborar y aportar al bien común.

Más allá de las circunstancias puntuales, esta experiencia me invita a reflexionar sobre una problemática que atraviesa a nuestra sociedad: la dificultad para involucrarnos en las causas colectivas y la tendencia a permanecer al margen, muchas veces por temor a los conflictos que implica comprometerse.

Las instituciones sociales necesitan de la participación ciudadana, del compromiso comunitario y de la construcción colectiva. Sin estos elementos, resulta difícil sostenerlas, hacerlas crecer y garantizar que continúen cumpliendo su función social.

Por eso, considero fundamental que los intereses personales nunca se antepongan a los objetivos y las responsabilidades de una institución. Quienes asumen funciones de representación, deben comprender que esas responsabilidades implican apertura, transparencia, diálogo y disposición para trabajar con otros, incluso cuando existen diferencias.

Las instituciones pertenecen a una comunidad y cumplen una finalidad que trasciende a las personas que circunstancialmente ocupan cargos dentro de ellas. Su continuidad y su crecimiento no deberían depender de afinidades personales, diferencias políticas o ideológicas, ni de conflictos particulares. Por el contrario, deberían sostenerse sobre el compromiso compartido con los objetivos que les dieron origen.

Quiero dejar en claro, además, que nuestra propuesta era trabajar conjuntamente, sumar capacidades y construir una alternativa de participación que permitiera acompañar y fortalecer el trabajo realizado hasta el momento, con el objetivo común de mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas mayores que residen en el Hogar.

Porque, en definitiva, ellas son el motivo principal por el cual una institución de estas características existe y debe funcionar. No podemos perder de vista que detrás de cada discusión institucional hay personas, necesidades y derechos que merecen estar siempre por encima de cualquier diferencia.

No escribo estas palabras para profundizar una disputa, sino porque considero que la comunidad merece conocer lo sucedido desde otra perspectiva y porque creo que involucrarse, participar y defender el derecho a colaborar también son formas de compromiso ciudadano.

Una institución social no se fortalece excluyendo a quienes quieren aportar, sino generando espacios de participación, diálogo y construcción colectiva.

Las diferencias sociales, políticas o ideológicas no deberían condicionar el funcionamiento de las instituciones ni convertirse en barreras para la participación comunitaria. Cuando se asume una responsabilidad institucional, el compromiso debe estar puesto en la finalidad colectiva y, fundamentalmente, en las personas a quienes esa institución debe proteger y acompañar.

Mi intención sigue siendo la misma: que el Hogar de Ancianos continúe creciendo y fortaleciéndose como lo viene haciendo, que las personas mayores sigan recibiendo la atención y el acompañamiento que merecen y que la comunidad pueda involucrarse libremente, con responsabilidad, respeto y transparencia.

María Estefanía Danciul

Saladillo