Por Carlos Antonio Gorosito – Ex Intendente de Saladillo

Ciento noventa y siete (197) artículos tiene el llamado proyecto de ley de Modernización Laboral que el Gobierno envió al Congreso y que está a horas de tratarse.

Va de suyo que las legislaciones en todos órdenes deben actualizarse periódicamente para adecuarse a los nuevos tiempos. Las normas no deben cristalizarse jamás.

Toda nueva legislación no debe estar destinada a suprimir derechos, sino a mejorarlos. Se ha dicho que persigue mejor la calidad de la contratación   y bajar los costos laborales.

Después de la sanción de la Ley Bases y en los dos primeros años de la gestión Milei, 270.852 asalariados formales perdieron sus puestos de trabajo, de acuerdo a los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) (1). Entre esas bajas, 63.234 son del sector público.

Por otro lado, se ha señalado que, desde noviembre de 2023 hasta septiembre de 2025, han dejado de operar 20.134 empresas en todo el país y se perdieron 154.382 puestos de trabajo privados registrados, de acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande sobre la base de datos oficiales (2).

A su vez, Jorge Sola, cosecretario de la CGT, da estas cifras: en los dos años del Gobierno de Milei, se perdieron 120.000 puestos de trabajo privados, unos 80.000 públicos y 25.000 en casas (3).

Este modelo económico similar al implementado por Martínez de Hoz en su momento, y también por Menem, con la apertura de las importaciones, contribuye a agravar la situación de las empresas.

El deterioro de los salarios retrae el consumo y el encarecimiento del crédito contribuyen a la aceleración de una crisis que ya está instalada. No se va a generar empleo quitando derechos a los trabajadores.

No tenemos que favorecer un sistema donde esté naturalizado trabajar 12 horas diarias; donde se quiten horas extras; donde el empleado no sepa cuando va a tener vacaciones y queden al arbitrio del empleador; que se busque limitar el derecho a huelga; y variaciones en el cálculo de indemnizaciones.

Modernizar y adaptarse a los nuevos tiempos sí; quitar derechos no. La reformar laboral busca una mejor formar de despedir empleados a bajo costo o sin costo y no a generar puestos de trabajo.

El Gobierno presiona fuerte para obtener una reforma que beneficie solamente a los sectores concentrados de la economía y perjudique al trabajador.

Presiona a los gobernadores para que estos, a su vez, presionen a los legisladores de sus provincias.

Las provincias han sido ahogadas financieramente por el poder central y ante la falta de recursos, algunos claudican ante las presiones. Los legisladores que tienen origen en el radicalismo no deben olvidar que vienen del partido que impulsó la inclusión del artículo 14 bis en la Constitución Nacional.

No he visto que haya instrucciones del partido a los legisladores sobre el tema. Quizás no la tengan o lo que sería lamentable, estén en total consonancia con las posiciones del gobierno.

Además, hay una parte de la dirigencia sindical que parece haber claudicado, pero que no trepidó en realizar más de una decena de paros a Alfonsín cuando quiso democratizar los sindicatos.

Va de suyo y es valor entendido que no podemos estar con legislaciones que tengan más 40 años en un mundo que cambia tecnológicamente casi a la velocidad de la luz. Pero de ninguna manera modernización debe ser sinónimo de supresión de derechos.

Cualquier legislación que se apruebe, no debe retroceder 100 años. Debe contemplar los derechos de los trabajadores, sin que esto signifique lesionar el desarrollo de las empresas que debemos cuidar como fuentes de trabajo.

Hay que proteger a nuestros empresarios, garantizarles reglas de juego claras en el campo económico para que pueda desarrollarse y crecer, abogando para que se consolide una burguesía nacional que genere trabajo y trabajo de calidad.

Pero hay de aquellos empresarios que el único Dios que tienen es el Dios del dinero y sólo quieren tener pingües ganancias a costa de avasallar los derechos de los trabajadores, haciendo verdad aquella expresión de Manolito en la revista Mafalda del genial Quino: “Nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás”.

Así como hay políticos inescrupulosos y ladrones, hay también empresarios de la misma condición. Que ninguna reforma laboral perjudique el derecho de los trabajadores. Que los legisladores tengan como prioridad el derecho de los trabajadores.

Como lo dijo Benito Juárez en México hace más de 200 años: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Notas: (1) Nicolás Balinotti (La Nación 07-02-26); 2) Perfil (21-12-25); 3) Clarín (09-025-25).