La concejal de Juntos indicó que los agrónomos fueron muy claros al sostener que “no alcanza” con “aplicar mayores restricciones en las distancias de fumigación para que las cosas mejoren o se hagan bien”

A raíz de la situación que se generó en torno a la aplicación de agroquímicos en el partido de Saladillo, la concejal de Juntos, Laura Lacunza, manifestó que se está trabajando con mucho compromiso en el tema y aclaró que el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia es el “principal responsable” de que no se fiscalicen las recetas agronómicas.

La profesora precisó que el artículo 17 de la Ordenanza Municipal 40/2022 establece las distancias que deben respetar los aplicadores de agroquímicos con respecto a las escuelas rurales y que no se puede fumigar en horarios de clase.

Con motivo de los proyectos de modificación de la ordenanza existente planteados por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados y el propio bloque de Unión por la Patria, el oficialismo propuso trabajar a través de una comisión ampliada.

“Pensamos que una actitud plural, responsable y democrática era convocar a las distintas partes. Este modo de trabajo se lo comunicamos al presidente de la Comisión de Salud (Félix Crognale) y le pareció bien. La propuesta fue tratada y aprobada el 19 de noviembre”, informó Lacunza, que se desempeña como Secretaria de la Comisión de Salud.

En ese marco, desde el bloque de UxP se programó la primera reunión con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires, Zona Norte, donde se despejaron muchas dudas.

“Nos pareció una reunión muy productiva. Los profesionales nos aportaron mucha información. No se mostraron ni a favor ni en contra de las aplicaciones, sino que aportaron cuestiones técnicas”, fundamentó la edil.

En concreto, informaron que existe una “escasez notoria” en Saladillo en lo que respecta a recetas agronómicas, teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas cultivadas que hay en el distrito. “Por supuesto que eso nos preocupa, porque deberían ser más. No se condice el número de recetas con la superficie sembrada”, reconoció.

Cabe destacar que el agrónomo es quien evalúa las condiciones y, en base a eso, elabora la fórmula (receta agronómica) correspondiente para entregársela al productor y posteriormente llevar adelante la pulverización en el lote agrícola con los productos autorizados.

Finalizado el procedimiento, el productor y el aplicador hacen un acta que tiene valor de declaración jurada. El documento se guarda durante dos años. Si no se presenta ninguna anomalía, pasa a archivo. De lo contrato, se revisa.

Toda esa información es remitida al Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, que es el encargado de fiscalizar y hacer los controles.

“Por más que en Saladillo haya una ordenanza municipal que regula las aplicaciones, la primera responsable del tema de las recetas agronómicas es la Provincia”, remarcó Lacunza.

“Política de cuidado”

La concejal radical destacó la importancia de que Saladillo tenga desde hace tiempo una ordenanza que regule las fumigaciones, porque eso habla a las claras de una “política de cuidado” hacia la población. “De hecho, la ordenanza es más restrictiva que la propia Ley Provincial”, subrayó.

Como conclusión de la reunión ampliada de la Comisión de Salud, Lacunza indicó que los agrónomos fueron muy claros al sostener que “no alcanza” con el sólo hecho de “aplicar mayores restricciones en las distancias de fumigación para que las cosas mejoren o se hagan bien”.

“Por eso consideramos que lo fundamental en todo esto es la conciencia ciudadana. Ni el Municipio ni la Provincia pueden hacer un control tan exhaustivo en todo el distrito. Por lo tanto, está en cada productor y en cada aplicador hacer como corresponde su tarea”, finalizó.