Aunque no todos los bloques acompañaron el proyecto, el Concejo Deliberante de Saladillo se hizo eco de la preocupación que hoy manifiestan las pymes que producen y comercializan biocombustibles –en esta ciudad funciona una de ellas–, ante el nuevo marco regulatorio impulsado por el Gobierno nacional.

A pedido del bloque radical, se sancionó por mayoría una resolución que solicita a la Cámara de Diputados del Congreso que el nuevo proyecto de ley, aprobado recientemente por el Senado con 41 votos a favor y 25 en contra, se debata más en profundidad para evitar que las pequeñas y medianas empresas se vean perjudicadas.

La resolución fue acompañada por los bloques de la UCR y de Fuerza Patria y rechazada por La Libertad Avanza.

Wuiovich: “Me preocupa que una empresa de Saladillo tenga que cerrar por estas decisiones”

El concejal Vladimir Wuiovich, autor de la solicitud, explicó que el nuevo marco regulatorio que impulsa el Gobierno nacional apunta a derogar la Ley 27.640 sobre producción y comercialización de biocombustibles en el país.

“Como ya tiene media sanción en el Senado, queremos que los diputados tengan en cuenta las preocupaciones y los reclamos que está planteando la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), quien recientemente elevó una nota al Municipio y al Concejo Deliberante para que se expresen al respecto y tomen cartas en el asunto, con relación a las consecuencias y al impacto que la nueva ley puede generar”, advirtió.

En este sentido, Wuiovich recordó que Saladillo tiene una pyme sobre la Ruta Nacional 205 que elabora y comercializa biocombustibles desde hace tiempo.

El edil radical argumentó que las modificaciones a la ley original, pueden generar una progresiva reducción de la participación de las pymes en el mercado interno, lo que provocaría desventajas competitivas y riesgo de concentración por parte de las empresas mayoritarias.

“La ley propone ir de un sistema de cupos fijos y precios regulados por el Estado hacia un mercado libre y competitivo, y en ese contexto las pymes sostienen que ‘no hay paridad de armas’. Las empresas regionales, como la que funciona en Saladillo, compran el aceite (materia prima) y, a su vez, las obliga a competir con las grandes empresas que concentran ese mercado interno. Si esto prospera, la ley va a dejar a varias pymes afuera del sistema”, lamentó.

No obstante, Wuiovich reconoció que el bloque libertario a nivel nacional, encabezado por Patricia Bullrich, recogió el guante y se introdujeron algunas modificaciones planteadas por la CEPREB. Una de ellas es la extensión del período de transición para implementar las nuevas medidas. “A algo que se pretendía hacer de manera directa y de un plumazo, ahora se le dará un plazo hasta 2036. La transición será de manera progresiva. Además, se les pone un límite a las posiciones dominantes. La misma ley prohíbe que una misma empresa concentre el total del biocombustible y que haya más actores que puedan participar del negocio. Está claro que todas estas modificaciones, se introdujeron producto de las quejas de las provincias”, aclaró.

De todos modos, las pymes insisten en que sólo eso no alcanza. “Hay desigualdad de condiciones y es necesario que se les dé una mano a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan seguir participando del mercado”, remarcó.

“De lo contrario, se ponen en riesgo las 25 plantas que hay en el país, las cuales generan 9500 puestos de trabajo directo e indirecto. En la provincia –añadió Wuiovich–, generan 3500 puestos. Hay plantas en Saladillo, Bahía Blanca, Daireaux, Junín, Ramallo, Pilar y Villa Astolfi”, precisó.

Asimismo, señaló que el 80% del aceite que utilizan estas pymes es producido por las extrusoras de soja, que en Argentina son alrededor de 90 y más de 50 de ellas operan en territorio bonaerense.

“Por lo tanto, nos parece fundamental que los distintos actores de este sistema sigan conversando, para encontrar un camino que no afecte a las pymes. Me preocupa que una empresa de Saladillo tenga que cerrar por estas decisiones”, afirmó.

Nicora Gutiérrez: “Lo que se pretende es generar condiciones para ampliar el mercado”

Si bien aclaró que “resulta pertinente” poner en discusión estos temas, el concejal libertario Juan Nicora Gutiérrez manifestó que el HCD “no tiene competencia alguna” en lo que hace a la legislación de la actividad relacionada a los biocombustibles.

Por otro lado, dijo, “ninguno de los fundamentos del proyecto de resolución habla de cómo impactará directamente la nueva ley en las pymes… Cuando se modifica un régimen, siempre hay sectores que se favorecen y otros que no”.

Con respecto a los biocombustibles, el edil de La Libertad Avanza dijo que es “un mercado muy cerrado, cuoteado y altamente regulado. El 100% del corte lo tienen las empresas no integradas. Las integradas, que son las que producen el aceite, no pueden producir para consumo local”.

Indicó que la nueva ley busca potenciar las cadenas de valor del interior del país, atraer inversiones y generar fuentes de trabajo. Propone un marco integral nuevo para una industria en la que nuestro país ya ha invertido y hoy necesita reglas nuevas.

Se pretende pasar de un esquema más regulado, donde el Estado determina quién produce, cuánto y a qué precio, a uno donde sea el mercado el que determine los precios.

En el caso del bioetanol, el corte obligatorio subiría del 12% al 15% dentro de los 12 meses posteriores a la sanción. Pero se reservará un 6% para el etanol elaborado con caña de azúcar y 6% para el producido con maíz; el 3% restante quedaría sujeto a competencia entre los productos habilitados.

En el caso del biodiésel, el corte obligatorio pasaría del 7,5% al 10% en el mismo plazo. A su vez, el proyecto prevé una transición con segmentos diferenciados para firmas integradas (vinculadas a grupos aceiteros) y plantas no integradas (pymes regionales que no producen la materia prima).

Para llegar al 10% de corte, las no integradas tendrían inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Esa proporción bajaría a 5,5% en 2029, a 5% en 2030 y a 4% desde 2031 hasta 2036. Así, una parte creciente del mercado de biodiésel quedaría abierta a la negociación entre empresas integradas y no integradas.

En el caso del biodiesel, se levanta el corte, se establece una transición hasta el 2036 y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta.

“En resumen, lo que se pretende es generar condiciones para ampliar el mercado en un tiempo que es completamente razonable para que las empresas se adapten”, recalcó.

“Me parece que, antes de debatir estos temas, que no está mal, deberíamos enfocarnos en aquello que necesitan las empresas de Saladillo. Por ejemplo, tenemos una tasa municipal de Seguridad e Higiene en la que no hay contraprestación alguna y, sin embargo, (desde el oficialismo local) no se manifiesta ninguna preocupación”, cuestionó.

“También hay un proyecto (de nuestro bloque) para incentivar la producción en Saladillo, denominado REISA (Régimen de Impulso a las Inversiones en Saladillo), pero no hay ninguna consideración ni tratamiento al respecto”, dijo.

Y siguió con otro ejemplo: “Tenemos una empresa estatal (el Vivero Municipal de Cazón), que el año pasado perdió 210 millones de pesos, 130 en 2024, y 70 el anterior, acumulando más de 500 millones ya, y sin embargo no se expresan preocupaciones. El sector agropecuario hoy subvenciona (con la tasa de Red Vial) los Servicios Urbanos y Sanitarios, y tampoco se dice nada”.

“Creo que tenemos que trabajar en relación a las tasas, a los gastos municipales, hay que modificar las ordenanzas fiscal e impositiva, de construcción, de faltas… Pareciera que, para todos esos temas, no hay tiempo”, completó Nicora Gutiérrez.