Preocupados por la modificación de la Ley de Glaciares que propone el Gobierno nacional, integrantes del grupo Ecos de Saladillo manifestaron que seguramente el tema se va a judicializar, en caso de que la nueva normativa se apruebe en el Congreso.

El ingeniero Gabriel Arisnabarreta indicó que tanto los glaciares como el ambiente periglaciar son proveedores de agua dulce y el extractivismo minero lo único que va a conseguir es contaminar todo.

Aseguró que el Gobierno pretende arrasar con un montón de leyes vigentes y con la propia Constitución Nacional, en un contexto en el que “parece no importar nada”.

“Quieren destruir los glaciares, a conveniencia de cuatro o cinco grandes explotaciones mineras y a eso no hay que permitirlo. Hay mucha resistencia. El proyecto del Gobierno no tiene licencia social. Donde se pretenda abrir una minera, va a estar la gente en las calles”, remarcó.

En tanto, señaló que lo que de la audiencia pública no es otra cosa que intentar “legalizar” el daño que se va a ejercer sobre los glaciares. “La verdad que ha sido un fraude, porque desde Ecos nos anotamos alrededor de ocho integrantes y nadie pudo hablar. Participaron de la audiencia menos del 1% de los 102 mil que se anotaron”, afirmó.

Sostuvo que la seguridad judicial que buscan las compañías mineras “no la van a lograr”, porque al violarse leyes vigentes y también la Constitución Nacional el tema se va a judicializar.

Víctor Furci, por su parte, mencionó las graves consecuencias que provocará la minería a cielo abierto en diferentes lugares de nuestro país. “En Santa Cruz, el río Senguer, que nace en ambientes periglaciares, alimenta sistemas productivos y también provee agua a los habitantes. Los ríos Atuel y Colorado, que nacen en Mendoza, actualmente ya están afectados por leyes que se incumplen”, manifestó.

“Por lo tanto, estamos hablando de un tema federal, y lo que propone el nuevo proyecto de la Ley de Glaciares es provincializar la gestión de los recursos, con un criterio solamente mercantilista. La Ley en vigencia, en cambio, tiene un criterio científico”, recalcó.

“Además, detrás de todo esto hay una gran farsa económica. Un kilo de oro se vende a 150 mil dólares. Para extraer ese kilo de oro, se necesitan 1 millón de litros de agua. Y al agua no se la cobramos a las mineras. Si tenemos en cuenta que un litro de agua (embotellada) cuesta 1 dólar, entonces, para ganar 150 mil dólares con un kilo de oro, estamos gastando 1 millón de dólares en agua. Por ese kilo de oro, a la Argentina le quedan en concepto de regalías apenas 150 dólares. Las mineras se llevan 150 mil dólares en un kilo de oro y a nosotros nos dejan 150 dólares, aparte de toda el agua contaminada y todo el deterioro ambiental. Es por eso que es una verdadera farsa económica”, remarcó.

“Nosotros estamos lejos de los glaciares, pero el agua es la misma y es un bien común por excelencia. No son un pedazo de piedra congelada, como algunos legisladores creen. Hay mucha ignorancia. En su momento, se logró la Ley de Glaciares para protegerlos y hoy lo que se pretende es un retroceso. No podemos volver para atrás”, lamentó Claudia Calcedo.

“Realmente, no podemos creer lo que está pasando. ¿Qué más le tiene que pasar a la humanidad para que se den cuenta quienes nos representan?”, se preguntó Arisnabarreta.

“Parece que los dirigentes y legisladores ya se olvidaron del cambio climático, de las inundaciones en Bahía Blanca, de los incendios permanentes en el sur, de lo que está pasando en Tucumán con los desbordes de los ríos. Se olvidan de todo y en lo único que piensan es en entregar el país”, insistió Arisnabarreta, e indicó finalmente que están pensando en convocar, en el ámbito del Concejo Deliberante de Saladillo, a una audiencia pública para que la gente se exprese acerca del proyecto de modificar la Ley de Glaciares.