A través de sendas notas dirigidas al intendente José Luis Salomón, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Región Saladillo, solicitó de manera urgente un bono extraordinario de 100 mil pesos para todos los empleados y empleadas municipales y también la apertura de paritarias salariales a partir del 1° de enero de 2026.

En la primera nota, firmada por la delegada local, Carolina Ribeiro Pereyra, y el secretario de Interior Zona 5, Héctor Álvarez, el gremio argumentó que este bono solicitado por única vez –quedando exceptuados funcionarios–, “responde a una situación crítica y concreta: la profunda pérdida del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y la creciente dificultad de los trabajadores municipales para cubrir gastos esenciales”.

“Esta realidad se ve aún más agravada por la proximidad de las fiestas de fin de año, período que hoy genera preocupación y angustia en muchas familias trabajadoras”.

En consecuencia, los representantes de UPCN indicaron que “el personal municipal sostuvo con compromiso y responsabilidad el funcionamiento de los servicios públicos, aún en contextos adversos y con ingresos que resultan claramente insuficientes”.

“Ese esfuerzo cotidiano no ha sido acompañado hasta el momento por medidas extraordinarias acordes a la gravedad del contexto, lo que profundiza el malestar existente”, manifestaron.

Por otro lado, los delegados de UPCN reiteraron la necesidad de iniciar el diálogo paritario a partir del 1° de enero de 2026. “Hasta la fecha, no hemos recibido respuesta formal ni convocatoria alguna, limitándose las contestaciones informales a manifestaciones generales vinculadas a una supuesta falta de ingresos o restricciones presupuestarias”, señalaron.

“Consideramos necesario manifestar que la ausencia de una convocatoria formal a paritarias no puede justificarse únicamente en argumentos genéricos de índole económica, ya que la negociación colectiva es una instancia esencial para analizar precisamente dicha situación, evaluar alternativas y construir soluciones de manera conjunta”, fundamentaron desde el sindicato, y señalaron que “la falta de definición genera incertidumbre, malestar y un progresivo deterioro del poder adquisitivo de las y los trabajadores municipales, quienes continúan con sus tareas garantizando el funcionamiento de los servicios públicos, aun en un contexto adverso”.